El Reino Unido (enlace 1) ha sentado a los directivos de Google, Amazon y Starbucks en el Parlamento británico para que expliquen por qué sus empresas facturan tantos millones en el mercado pero aportan tan pocos impuestos a las arcas estatales. Hasta ahora la cosa no ha pasado de ahí, de las palabras, pero al menos la predisposición de la clase política de la Gran Bretaña es escuchar el descontento social que existe entre los ciudadanos, quienes no logran entender que en estos momentos de crisis se tenga una vista tan gorda con las grandes empresas.

En España eso no ha sucedido. Nadie se pregunta, por ejemplo, dónde están los impuestos de Google Spain, una filial que apenas paga impuestos en nuestro país y que incluso declaró pérdidas en 2011. Esto es algo difícil de creer viendo el todopoderoso poder que la compañía de Mountain View continúa ejerciendo en cada rincón de Internet. Por eso, hace casi ya un año Hacienda (enlace 2) anunció que investigaría las cuentas de Google para averiguar por qué pasaba esto.

No obstante, el asunto cayó en el olvido y poco más se supo al respecto. En agosto, Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, volvió a preguntar sobre el tema (enlace 3), pero las respuestas brillaron por su ausencia. Parece que España tiene miedo a plantarle cara a las grandes empresas multinacionales, especialmente a las de carácter tecnológico, las únicas que parecen navegar con viento firme en la tormenta mundial de la crisis económica, por miedo a levantar las iras de sus directivos. Es lo que pasó en Francia: Cuando el Gobierno galo (enlace 4) anunció que obligaría a Google a pagar un impuesto para compensar a los editores de prensa, la respuesta fue que en tal caso eliminaría a la prensa francesa de sus motores de búsqueda.

Todo esto sucede mientras en España miles de pymes, empresas emergentes y emprendedores se ven asfixiados por la presión fiscal. Estas compañías, que no hay que olvidar que son las que crean cerca del 85 % del empleo de toda la Unión Europea, son incapaces de tejer complicados entramados fiscales para poder tributar en otros países con menor carga impositiva, como hacen ciertas multinacionales en, por ejemplo, Holanda o Irlanda. Ya se ha demostrado con el asunto de los desahucios que cuando la opinión pública aprieta, los políticos, finalmente, actúan en consecuencia. ¿Podría llegar el día en el que el Parlamento español le pidiera cuentas al rey de Internet?.