La Comisión Europea (CE) ha hecho público que ha sancionado a Telefónica al pago de una multa de 66, 8 millones de euros y a Portugal Telecom con una de 12, 2  millones. El motivo: un acuerdo entre ambas operadoras para no competir entre sí en el mercado de origen de la otra. Es decir, que la compañía española no entrara en territorio luso y viceversa.

Este clausula, rubricada en julio de 2010, formaba parte del contrato de adquisición y control exclusivo por parte de Telefónica del operador de telefonía móvil Vivo, hasta ese momento propiedad conjunta de ambas partes. Todo parece indicar que esta maniobra respondió a presiones del Gobierno portugués, temeroso de que fuera el primer paso a la entrada y expansión de la compañía que preside César Alierta en su país.

Este acuerdo estaba previsto que se aplicara hasta finales de 2011, pero se anuló en febrero de ese año, cuando Competencia de la CE inició la investigación.

Motivos de la sanción

Joaquín Almunia, responsable de Competencia de la CE, ha mostrado de forma contundente los argumentos del organismo: “No toleraremos prácticas anticompetitivas por parte de los operadores históricos para proteger sus mercados nacionales, ya que perjudican a los consumidores y retrasan la integración del mercado”.

La CE mantiene que los acuerdos de “no competencia” constituyen “una de las infracciones más graves” contra la normativa sobre competencia de la UE, ya que pueden dar lugar a unos precios más elevados y menos capacidad de elección.

Con todo, ha tenido en cuenta la duración de la infracción (desde julio de 2010 a febrero de 2011) y que el acuerdo no fuera secreto para atenuar la sanción.

Las argumentaciones de Telefónica

En el mencionado contrato Telefónica estableció que la cláusula sólo entraría en vigor en caso de que fuera legal, algo a priori complicado, por lo que en realidad era inválida desde el principio. Esta condición, incluida parece a modo de escudo, ha sido ignorada por el ente europeo, pero la multinacional la esgrima para defender su inocencia.

La firma que preside Alierta estima que no ha vulnerado la ley, ya que la cláusula que penalizan estaba sujeta de una verificación de legalidad que nunca se aplicó. Además insiste en que todo fue público y no hubo ningún pacto secreto, por lo que no existió nunca intención de incumplir la normativa.

Telefónica ratifica además que el acuerdo no ha impactado en los consumidores ni el propio mercado, algo que le reprocha la CE.

En resumen, equilibrismos legales y dudas que ponen en duda si la CE ha actuado conforme a la legislación o a modo ejemplarizante. Veamos donde llega la batalla legal que seguro plantea Telefónica.